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Venezuela: por una salida obrera y popular a la crisis – 30-30
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Venezuela: por una salida obrera y popular a la crisis

Juan Reséndiz

Venezuela: por una salida obrera y popular a la crisis

Juan Reséndiz

Ni Maduro es socialista ni la oposición es demócrata. Venezuela, el país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, está pasando hambre, desabasto de alimentos y medicinas, la pulverización de su moneda y la drástica degradación de las condiciones de vida de la amplia mayoría de su población. El gobierno de Nicolás Maduro paga enormes cantidades de dinero a los banqueros internacionales por deuda externa y reprime cruelmente a los que protestan, habiendo al momento 33 asesinados, más de 700 heridos y miles de presos. Mientras tanto, la “oposición”, agrupada en la llamada Mesa de Unidad Democrática –MUD- y representativa de sectores empresariales y trasnacionales, en realidad tiene un pacto con el gobierno y no es ninguna alternativa para el pueblo venezolano.

 

Nosotros, revolucionarios, denunciamos que el gobierno de Maduro y su partido no tienen nada que ver con el socialismo ni el antiimperialismo, como proclaman, es decir, no representan a los trabajadores, campesinos e indígenas. Venezuela requiere de una opción y una solución absolutamente distinta a la que ofrecen Maduro y la MUD. Venezuela necesita de una salida obrera, popular y genuinamente socialista.

 

Lo que hemos tenido en Venezuela en estos años es un amplio pacto entre el gobierno de Maduro y la MUD en contra del pueblo venezolano. El PSUV y la MUD tienen contradicciones pero sus acuerdos son mayores pues ambos representan a la clase dominante y explotadora de ese país. Maduro pagó el año pasado 16 mil millones de dólares y este año 2017 se propone pagar todavía más por deuda externa, coincidencia fundamental con la burguesía de Fedecámaras y los banqueros imperialistas. Antes habían firmado pactos de privatización de empresas y de medidas que favorecen a los capitales nacionales y extranjeros, así como de restitución de tierras a la clase terrateniente.

 

El gobierno acelera su megaproyecto de explotación minera en torno a la franja del Orinoco, una superficie de 220,000 km2 bajo control de los militares y en alianza con multinacionales, en detrimento del medio ambiente y de las numerosas comunidades indígenas que viven en ella. Bajo el nombre de Arco Minero del Orinoco se dio en concesión a empresas chinas y rusas, estadounidenses y a la canadiense Barrick Corporation la explotación del coltán y otros minerales. Junto con esto, el gobierno, con el apoyo de sectores de “la oposición”, está vendiendo los pasivos de la empresa estatal PDVSA para crear empresas de capitales públicos y privados. Éste es el fondo de la cuestión venezolana, un pacto de Maduro-PSUV-militares-MUD-imperialistas por repartirse las riquezas del país. El pueblo trabajador se está dando cuenta de esta conspiración en contra de sus intereses y al menos el 51% de éste, según encuesta levantada el año pasado, no está ni con el gobierno ni con la MUD. En Maracay, según un dirigente revolucionario argentino presente, un grupo de jóvenes participó en una manifestación con un cartel que decía “Ni MUD Ni PSUV, Somos los de abajo que venimos por los de arriba”.

 

El PSUV en el gobierno desde hace veinte años nunca desarrollaron las infraestructuras ni la industria. Tampoco la producción de alimentos. El chavismo jamás representó un proyecto económico que rompiera con el capitalismo retrógrado del pasado. Las consecuencias han sido catastróficas. El país no produce el 80% de los alimentos y medicamentos que necesita. En Venezuela se ha generado un modelo económico similar al de una colonia, basado en la extracción y exportación de petróleo y otros minerales, del que dependen más del 90 por ciento los ingresos del gobierno. Mientras el precio del petróleo fue alto, de 90 a 100 dólares el barril, hubo dinero para importar alimentos y para derramar recursos, de los cuales los más beneficiados fueron los “burgueses bolivarianos”, sectores del MUD y los militares. Pero el fin de la bonanza de los precios de las materias primas ha causado la debacle de esa economía y de la corriente chavista, y ha puesto las cosas al desnudo.

 

Con todo derecho, el pueblo ha salido a protestar por la falta de alimentos, medicinas, la inflación que devora los magros salarios y los escándalos de corrupción que revelan que hay sectores de la burguesía y del PSUV que se aprovechan de los dólares baratos que les vende el gobierno. Existe un levantamiento popular contra el gobierno en casi toda Venezuela que nosotros aplaudimos, pues el pueblo tiene el derecho de manifestarse cuando no tiene qué comer ni hay medicinas ni hospitales que funcionen mínimamente. Rechazamos que estos sectores en lucha “le hagan el juego al imperialismo”, como dice el PSUV y sus seguidores en otros países.

 

El gobierno ha reprimido a la población y se dispone a hacerlo con más brutalidad. Por ejemplo, en el estado Carabobo se ha puesto en marcha el Plan Zamora, mediante el cual los manifestantes presos son sometidos a tribunales militares y no a la justicia ordinaria. Como parte de este proceso antidemocrático y autoritario el gobierno ha suspendido indefinidamente las elecciones regionales, se negó a habilitar el referendo revocatorio y ha cancelado elecciones en sindicatos, como el petrolero, que podría conquistar la oposición obrera y revolucionaria al chavismo.

 

El anuncio de la convocatoria a una “asamblea constituyente” por parte de Nicolás Maduro no es una solución. En primer lugar porque la mitad de los 500 diputados a esta instancia serían designados en organismos controlados por el PSUV. Además, porque traiciona la misma Constitución de 1999, que prevé que en casos trascendentes se debe convocar a un referendo para que todos los ciudadanos digan si están o no de acuerdo con una nueva constitución. Y esto no existe en la convocatoria de Maduro.

 

Tampoco la intervención de la OEA es ninguna solución para Venezuela, pues en el pasado ha estado del lado de los peores intereses que existen en América y ahora pretende abrirle el paso para que allí intervengan Peña Nieto y los demás gobiernos reaccionarios del continente.

 

Mucho menos es ninguna solución el MUD, al que ya conocimos en 2002, cuando depuso (por breve tiempo) al presidente Chávez y comenzó a adoptar medidas dictatoriales y pinochetistas contra la población, que sólo las huelgas obreras y las movilizaciones del pueblo frenaron.

 

La primera medida que debe tomarse en Venezuela es suspender el pago de la deuda externa, para poder adquirir alimentos, medicinas y otros satisfactores que la población demanda con urgencia. Es urgente sacar de la inanición a la población y comprar antibióticos. Dado que Maduro es un obstáculo para que se aplique esta medida de elemental justicia y humanitarismo, debe dejar inmediatamente el gobierno.

 

También deben rescindirse los contratos de empresas mixtas, para que el petróleo sea 100% estatal y no se aprovechen empresas privadas ni transnacionales.

 

La celebración de asambleas populares puede abrir paso a que las decisiones del pueblo deban ser tomadas en cuenta y para que, junto con los sindicatos, decidan el devenir del país.

 

Tanto los comités populares como los sindicatos pueden conformar policías ciudadanas o comunitarias que defiendan al pueblo de la represión y de los delincuentes.

 

Se trata de que el pueblo trabajador, los obreros, los sindicatos, los comités que se formen en los barrios, los campesinos y los indígenas creen sus organismos de autogestión y gobiernen a Venezuela.

 

Crédito de imagen: Luis Carlos Díaz vía Flickr.


Juan Reséndiz es trabajador de base de la UNAM y militante del Partido Obrero Socialista.

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