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Los terremotos de septiembre – 30-30
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Los terremotos de septiembre

Manuel Aguilar Mora

Los terremotos de septiembre

Manuel Aguilar Mora

Los terremotos del 7 y el 19 de septiembre, con sus múltiples réplicas que siguen todavía en estos días, han sacudido a México desde sus profundidades telúricas hasta sus cimas políticas. Han marcando un nuevo hito en la turbulenta historia de estos últimos años de una sociedad abrumada por la violencia, la corrupción y la decadencia de su régimen económico y gubernamental. Sucede como si la madre naturaleza, en su dinámica imprevisible para los animales sociales, contribuyera para advertirle a éstos que el punto cúspide de una crisis integral se aproxima acelerada e inexorablemente.

 

Como se sabe, uno de estos terremotos coincidió, por esos azares inexplicables, con el aniversario de otro terremoto, el del 19 de septiembre de 1985, que también sacudió al país desde sus cimientos telúricos y políticos. Todas las señales indican que de nuevo, en esta ocasión, estamos ante hechos que anuncian convergencias de terremotos telúricos con cismas políticos aún más decisivos. Aunque las víctimas mortales en esta ocasión han sido menores, contándose en centenares, en comparación con las miles de hace 32 años, las devastaciones así como sus consecuencias sociales y políticas pueden ser tan grandes o aun mayores que en ese año.

 

 

Del simulacro a la devastación

Precisamente el 19 de septiembre, como todos los años desde 1985, a las once horas se realizó el simulacro para preparar a la población en el caso de un temblor. Poco más de dos horas después del simulacro, dichas medidas debieron ser puestas en práctica en setenta segundos de tiempo real que duró el sacudimiento de 7.1 de la escala Richter cuyo epicentro estuvo en el estado de Morelos a 100 kilómetros al sur de la ciudad de México. Así, en el espacio de dos semanas, dos temblores que afectaron al centro y el sur del país –con consecuencias qe se calculan en decenas de miles de millones de pesos– han puesto al país en estado de emergencia y producido una movilización social sin precedentes. Se calcula que sólo minutos después del segundo terremoto, más de un millón de personas, abrumadoramente jóvenes, salieron a las calles de la ciudad de México a ayudar a los damnificados, a salvar y rescatar vidas apresadas en los escombros, preparar y trasladar comida, formar cadenas humanas para resguardar inmuebles o llenar tráilers con los víveres, medicinas y ropa acumulados en los centros de acopio y ayuda en gran parte del espacio que ocupara el antiguo lago de Texcoco.

 

La movilización chocó de inmediato con el aparato institucional corrupto y torpe de las autoridades federales  así como de las provenientes de los partidos que gobiernan la capital, el PRD y el PAN e incluso balconeó al nuevo partido, Morena, de López Obrador (AMLO) que aspira a gobernar la enorme metrópoli , y que encabeza ya varias delegaciones. Los de Morena (en especial los delegados de Xochimilco y de Tláhuac) no se comportaron de modo diferente que los líderes panistas o perredistas de las demás delegaciones. La población de a pie se lanzó a una experiencia sorprendente de organización espontánea, eficaz y rapidísima. Los comentaristas no han escatimado adjetivos para definir esta movilización “espontánea” (las comillas porque hay, como se ha dicho, una memoria histórica que se extiende hasta 1985) como una formidable experiencia del espíritu de solidaridad, generosidad y altruismo de los ciudadanos, en especial de los jóvenes.

 

En los estados vecinos de Morelos y Puebla, también afectados por el temblor, cientos de miles hacían lo mismo. Antes, durante el terremoto del día 7 que afectó ante todo a Chiapas y Oaxaca y en menor medida a la ciudad de México, se había mostrado la torpeza y lentitud de las autoridades federales y estatales, las cuales también ahí fueron superadas, ante la magnitud de los siniestros, por la movilización ciudadana.

 

A diferencia de 1985, la devastación actual no se concentra principalmente en la ciudad de México, sino que se ha expandido a una amplia zona del centro y el sur del país. Ciudades y muchos pueblos de Morelos, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y el sur del Estado de México principalmente han presenciado desastres mayores, como Jojutla, en Morelos, una ciudad muy cerca del epicentro del temblor del 19 de septiembre, en donde más del 60 por ciento de sus 50 mil habitantes están damnificados. En Oaxaca y Morelos, dos de los estados más afectados, cientos de miles de habitantes padecen una u otra consecuencia de los sismos, con decenas de miles de viviendas dañadas, cientos de caminos y puentes perjudicados y el 50 por ciento de las escuelas en malas condiciones, sin contar con los edificios de gobierno, hospitales e iglesias con serias afectaciones o de plano destruidos. En la región de la Mixteca que se adentra en los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero hay pueblos en los que hasta el 90 por ciento de las viviendas se vinieron abajo, como Pilcaya, Ayoxuxuxtla, etc. En Chiapas, otro de los estados sureños muy dañados, hay más de 55 mil viviendas afectadas, de las cuales más de 17 mil se han colapsado por completo e igualmente la infraestructura ha sufrido serios daños: hospitales, escuelas, carreteras, gasolineras, puentes, tiendas de autoservicio, estaciones de camiones, iglesias, edificios de gobierno.

 

A estos pueblos y ciudades arrumbadas en las sierras y valles más lejanos y marginados la “ayuda” oficial no ha llegado todavía y en algunos ha llegado sólo para que el presidente y sus cercanos se tomen la foto y hagan las promesas que no cuestan nada. E incluso han sucedidos casos escandalosos de autoridades que descaradamente obstaculizan la llegada de la ayuda independiente de la sociedad civil a los damnificados. El más destacado ha sido el protagonizado por la esposa del gobernador perredista de Morelos Graco Ramírez, quien literalmente secuestró y llevó a las bodegas del DIF (Desarrollo Integral de la Familia) que ella dirige el acopio transportados desde Michoacán para entregarlos, con sellos del DIF, a los damnificados del estado. A pesar de la complicidad del duopolio televisivo, por completo al servicio del poder federal, ha habido órganos de prensa y reportajes de algunos canales televisivos y radiodifusoras no vinculados a Televisa ni a TV Azteca, que están informando ampliamente de este fenómeno social. La revista Proceso (24 de septiembre de 2017) ha definido bien la situación con su portada titulada “la sociedad rebasa al gobierno” .

 

Es evidente la desproporción que existe entre las tareas de reconstrucción nacional que enfrenta el país y los instrumentos a disposición de un gobierno impotente. No es sólo un problema financiero, que por supuesto también lo es, como se verá. Es un problema de clase, es un problema del personal humano en concreto que ocupa la dirección de una estructura de poder que está ligada estrecha y fuertemente al mecanismo de servir a las necesidades del capitalismo. Para esta estructura de poder la asistencia social, la salud y educación de la población y la reconstrucción de la infraestructura, en especial de las regiones marginadas, son tareas simplemente inconcebibles dentro de sus planes y funcionamiento.

 

 

La vitrina de la ciudad de México

En la ciudad de México, aunque también de forma tardía, los gobiernos federal y local intervinieron con más contundencia para controlar la situación, encontrándose también con más resistencia de parte de la marea humana que justamente reclamaba, ante el ninguneo de las fuerzas oficiales represivas, su prioridad por haber llegado primero a las tareas de ayuda y acopio. El ejército, la Marina y la Policía Federal fueron los cuerpos designados por el poder para intervenir en el siniestro y su actuación conflictiva realizada en el escenario de una ciudad ocupada por miles de periodistas nacionales y extranjeros, se hizo más notoria. Los cuerpos represivos también han aprendido de la experiencia de 1985, pero aún así fue difícil que no enseñaran el cobre. Una ciudad que es la vitrina principal del sistema imperante –y cuya concentración de población, servicios de todo tipo y de masa crítica son los mayores del país– es donde se visualiza con más claridad la contradicción entre la necesidad de canalizar de manera efectiva los recursos del Estado y la estructura de un gobierno fundamental y esencialmente autoritario y represivo que es incapaz de satisfacer las necesidades de una población afectada por los terremotos.

 

De nuevo se pueden citar muchos casos de esta contradicción que se convirtió en auténtico choque en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando el secretario d Gobernación Osorio Chong se apersonó en el edificio colapsado de una fábrica de costureras de la colonia Obrera y fue abucheado por la multitud y debió retirarse rápidamente. El otro ejemplo sobresaliente, protagonizado por Televisa, fue el escandaloso caso de una niña “Frida Sofía” supuestamente atrapada  en las ruinas del colegio Enrique Rébsamen en el sur de la ciudad. La televisora sobredimensionó la tragedia durante dos días y las autoridades de la Secretaria de Marina debieron reconocer que esa niña nunca existió. Las repercusiones del desprestigio y frivolidad de la conducta de las autoridades y los medios como Televisa fueron enormes y se hicieron patentes incluso al nivel internacional. La combinación entre el despertar ciudadano masivo que representa esta movilización popular y la vocación y estructura antidemocráticas y represivas del Estado mexicano es potencialmente explosiva, y ya se pueden apreciar signos muy evidentes de tal situación.

 

 

El cisma político que viene

También en septiembre, días antes de los temblores, el Instituto Nacional Electoral (INE) declaró el inicio formal de los procedimientos de las numerosas campañas electorales de 2018, muy principalmente de la campaña por la presidencia de la República. Por su parte, el sexenio del gobierno de Peña Nieto entró en su año final con un informe anual propagandizado con millones de spots en publicaciones, medios radiofónicos, televisivos y cinematográficos en una orgía de miles de millones de pesos de promoción de la imagen presidencial como literalmente jamás se había presenciado, los cuales se añaden a los 34 mil millones ya gastados en publicidad  en sus primeros cuatro años de gobierno. Como si la publicidad de éste estuviera en una relación inversamente proporcional a su popularidad y aprobación ciudadanas.

 

Y para que la decadente democracia (burguesa) mexicana no se quedara atrás en brindar escándalos políticos patéticos, también se anunció finalmente durante este mes la formación de un Frente Ciudadano con los dos partidos de oposición sistémica tradicionales, el PAN de la derecha y el PRD de la “izquierda”  (insisto, sistémica), a los que se une el pequeño Movimiento Ciudadano (MC). Una coalición de dimensiones oportunistas colosales basada en fundamentos por completo electoreros que aspira a lograr en 2018 una votación que supere el tercio de la votación total que le ha correspondido al PRI en las últimas elecciones presidenciales y que pueda desbancar del primer lugar que le dan la mayoría de las encuestas al partido de AMLO. Se preparaban los partidos burgueses para su contienda clave de las elecciones presidenciales de 2018 con la perspectiva de que un PRI debilitado y desprestigiado como nunca antes las pierda. Y entonces vinieron los otros temblores.

 

Los terremotos telúricos ya han sido factores fundamentales de cambios políticos. Así ocurrió a partir de 1985 con los planes políticos de los partidos del establishment burgués gobernante. En 1987 se dio la primera ruptura importante del PRI en décadas, con el surgimiento de la Corriente Democrática de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo que, unida con otros partidos y corrientes, incluida la proveniente del antiguo partido comunista y otros grupos “revolucionarios” y reformistas de todo tipo, participó en las elecciones presidenciales de 1988, propinándole al PRI una importante derrota política (y muy probablemente electoral que se escamoteó con un fraude en el sistema de conteo). De esta experiencia surgió el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el inicio de su trayectoria de integración al sistema imperante como su flanco “izquierdo” en una senda que fue atravesando por varias estaciones: en 1997 la victoria de las elecciones de la jefatura de gobierno del Distrito Federal; después, la victoria en varias estados y un protagonismo cada vez mayor con su bancada de diputados hasta llegar a la culminación de un giro completo a la derecha en 2017. Primero con su alianza en el Pacto por México con el PRI de Peña Nieto y ahora con su alianza con el PAN, el tradicional partido conservador, en el Frente Ciudadano antes mencionado. Todo un ciclo ha terminado y estamos entrando en los umbrales de uno nuevo a partir, otra vez, de movimientos telúricos.

 

No es posible creer que del vientre caduco del bonapartismo mexicano –un régimen de partido único de facto– que duró más de seis décadas haya podido surgir una verdadera democracia (ni siquiera burguesa). La transición “democrática” del 2000 no significó el surgimiento de un sistema realmente democrático, transparente y con raíces populares profundas. Más bien fue la continuación de las mismas prácticas, ahora efectuadas por un PAN cínico y tan corrupto como el PRI como fueron los gobiernos de Fox y Calderón. La cúpula gobernante simplemente amplió su espacio a los capitalistas provenientes de los sectores conservadores que habían estado marginados del poder. Pero cuando volvió el PRI, el gobierno de Peña Nieto agotó sus posibilidades. Una vez más, sólo puede ganar con fraudes gigantescos; pero ahora con la complicidad de los partidos “opositores” (en especial el PAN y el PRD) como se demostró con motivo del Pacto por México.

 

Después de 1985 el país presenciaba la puesta en práctica de la estrategia neoliberal que llevó a la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México y contra ello sobrevino la insurrección indígena y campesina del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Han sido 32 años los que pasaron de un 19 de septiembre de 1985 al actual; tres décadas que han transformado drásticamente al país. Hoy el TLCAN también está en entredicho, pero no por fuerzas populares, sino por el mismísimo inquilino de la Casa Blanca.

 

Los actuales terremotos no van a tardar años en impactar al mundo de la casta política dominante y al de la lucha política en general. Los dos sexenios panistas y ante todo el actual sexenio priista agonizante de Peña Nieto con su corrupción gigantesca, con la violencia desatada, con el estancamiento económico, con su servilismo ante Washington tiene nombres propios: Ayotzinapa, el gasolinazo, las “reformas estructurales”, los cientos de desaparecidos tanto por la violencia criminal de los cárteles como la del Estado, los fraudes electorales y la impunidad proverbial. Un sentimiento muy extendido de hartazgo con el régimen político, sus partidos, sus personeros es notorio cuando en cualquier manifestación no tarda en surgir el grito de “¡Fuera Peña!”. Es en este suelo fertilizado por desastres colosales que la madre naturaleza está politizando a cientos de miles, de millones de mexicanos y mexicanas. Y en la tradicional coyuntura sexenal de las elecciones presidenciales del año próximo, las señales indican que esta politización será mucho más crítica que nunca.

 

El síntoma indudable de esta situación de hartazgo de la conciencia nacional con respecto al sistema político vigente surgió en forma evidente en estos mismos días. La pregunta no se hizo esperar: ¿dónde están los partidos? Hasta los órganos de prensa más conservadores como El Universal la hacían en sus páginas editoriales y constataban su ausencia en las labores multitudinarias de los rescates y la movilización reconstructora. Y surgió intempestivamente de la turbulencia y la agitación en las redes sociales la otra pregunta que millones se hacían incluso antes de los sismos: ¿cómo es posible que en un país con tantas necesidades exista un sistema de partidos con una abundancia obscena de recursos que ni siquiera los tienen los países más ricos? Y de forma natural, un millón y medio de firmas en menos de dos días tomaron por asalto las redes sociales, en una petición de Change.org que exige a la casta política mexicana renunciar a sus sueldazos y ricas prerrogativas presupuestarias y destinarlos a la reconstrucción y el auxilio a los damnificados. La presión social fue formidable e imposible de eludir y los líderes partidarios no tardaron en reaccionar para no ser balconeados como insensibles ante la tragedia nacional.

 

Y entonces vino el show de la retórica partidista. AMLO fue el primero que pujó con el 20 por ciento de las prerrogativas de Morena para los damnificados. Después el presidente del PRI subió la puja al 25 por ciento de los recursos anuales del partido en la campaña del año entrante. Tres días después  del terremoto del 19 los tres dirigentes del Frente Ciudadano (el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano) plantearon la eliminación al ciento por ciento de todos los recursos de todas las fuerzas políticas. “Que los partidos sean sostenidos por sus miembros y simpatizantes”, declararon. Lorenzo Córdova, el presidente del INE, después de rechazar primeramente la propuesta como “jurídicamente improcedente”, reconsideró que sí existen los mecanismos jurídicos viables para que los partidos puedan destinar los recursos que reciben del Estado para apoyar a los damnificados de los sismos. En resumen la movilización masiva puso frente al paredón de la crítica implacable a todo ese aparato multimillonario que ha erigido la burguesía para proteger y preservar sus privilegios políticos. Una “democracia” cada vez más cara y al mismo tiempo cada vez menos representativa de las necesidades y demandas de la gente. Eso es lo que significaa el INE, la matriz corrupta que nutre a todos los partidos “registrados” y que hoy se encuentran en su peor momento, situación que anuncia un cambio político de dimensiones históricas.

 

Un cambio que, entre otras cuestiones, tendrá que repensar el mantenimiento de los partidos, pues es evidente que las formulaciones al bote-pronto de los actuales dirigentes de los partidos “registrados” no están fundadas en reflexiones democráticas profundas sino que responden al oportunismo del momento y vienen como anillo al dedo a los sectores burgueses, los cuales son los que tienen los recursos abundantes para hacer los “donativos” a los partidos. Ciertamente entregar al capital, en bandeja de plata, el quehacer político del país no es la alternativa adecuada a la corrupción estatal que representa el INE. Será necesario emprender una concientización popular que involucre a todos en la política y permita el surgimiento de poderes populares, proletarios.

 

La reconstrucción como negocio

México es un país en completa crisis que debe ser reconstruido. El debate sobre la estrategia para levantar la sociedad y la economía nacionales será determinante en el futuro próximo. El 2018 será un año clave: las discusiones, las propuestas girarán en torno a la reconstrucción física, política y moral de México. Una reconstrucción integral que ponga punto final a la tendencia actual de profunda descomposición social. En el escenario oficial del INE, de los partidos burgueses dominantes y de la estructura del poder capitalista no están las fuerzas, ni las ideas capaces de emprender esas tareas. El Fondo Nacional para Desastres Naturales (FONDEN) tiene 6 mil millones de pesos, a los que se añadirían 3 mil millones más en 2018. En cambio, sólo las prerrogativas de los partidos para el 2018 suman 6 mil 788 millones de pesos. Las diferentes agencias especializadas calculan que los costos producidos por los terremotos de septiembre están entre 4 mil y 8 mil millones de DÓLARES; o sea, una cantidad que es más de dieciocho veces mayor al presupuesto del FONDEN.

 

El miércoles 27, Peña Nieto convocó en Los Pinos a una reunión para tratar la cuestión de la reconstrucción del país. ¿Quiénes fueron sus invitados? Los más llamativos fueron Carlos Slim, Emilio Azcarraga (Televisa), Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca) y Juan Pablo Castañón (presidente del Consejo Coordinador Empresarial, organismo que agrupa a todas las organizaciones patronales del país). O sea, la cúpula de la oligarquía, quienes estuvieron acompañados por sus lacayos y cómplices políticos: los gobernadores priistas y perredistas del Estado de México, de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla, Morelos y Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la ciudad de México. Obvio, el plan propuesto por Peña incluye proyectos y ofertas de obras y servicios donde los millonarios podrán invertir su capital con buenos márgenes de ganancia. La reconstrucción del país como negocio. En esos planes no se habla de la reforma fiscal que le urge a México, convertido en un auténtico paraíso para el gran capital. Tampoco se habló de no pagar la deuda externa, la cual se lleva una parte sustancial del presupuesto nacional y que creció exponencialmente en el actual gobierno de Peña. Mucho menos se propuso la disminución del gasto en armamentos y en infraestructura militar, ni de la suspensión del proyecto faraónico y anti-ecológico que es el aeropuerto de Texcoco, ni de un plan que implique la reconstrucción y reparación de hospitales, carreteras y puentes, escuelas, edificios públicos, iglesias y de toda la infraestructura tan dañada del país. En cambio, los millonarios fueron informados de las propuestas presupuestales para 2018 y que implican el castigo a los programas prioritarios dirigidos a la población más pobre del país: Seguro Popular, abasto social de leche Liconsa, Prospera, programas de becas y de educación indígena, entre otros.

 

Después de 1985, en la ciudad de México, el escenario principal del temblor, ya se vio que las buenas intenciones no bastaron para impedir y revertir el mega-crecimiento que hace de la ciudad de México y el espació conurbano del Estado de México adjunto un asentamiento que está próximo a llegar a los 30 millones de habitantes, la cuarta parte de la población nacional. Esta tendencia enfermiza ha demostrado ser una de las causas más importantes de las terribles consecuencias del terremoto: los miles de edificios dañados o destruidos irreparablemente. La proverbial voracidad del capital inmobiliario fue nutrida por los gobiernos perredistas (y en algunas delegaciones con la complicidad de los panistas, como en la Benito Juárez) con sus políticas displicentes y corruptas que permitieron la construcción sin reglamentos rigurosos, sin atención a la calidad de materiales de miles de mal construidas viviendas y edificios de todo tipo. ¿Serán estas constructoras las encargadas de la reconstrucción del país? ¿Las que construyen los pasos exprés que se desploman en socavones? ¿Las constructoras mexicanas, españolas y canadienses de la Línea 12 del metro de la ciudad de México cuyas deficiencias la han obligado varias veces a suspender su servicio en grandes tramos?

 

Hacia un Consejo de Reconstrucción Nacional

Los sismos han ensanchado más que nunca la brecha que separa al gobierno de la sociedad civil, de los estudiantes, de las mujeres que luchan contra el feminicidio y de los trabajadores abrumados por los salarios de hambre y el desempleo. En tales condiciones, participar en las instituciones caducas y de hecho moribundas de una democracia (burguesa) decadente y con un deriva cada vez mas autoritaria es actuar a contrapelo de las masas que buscan una alternativa afuera y contra el actual régimen político, que supere el comportamiento –de corrupción, represión, cinismo y desvergüenza– de sus partidos, sus dirigentes y su ideología. En suma a su política . Toca a las fuerzas nuevas movilizadas durante esta crisis de los terremotos, toca al movimiento por los damnificados, toca a los sectores de trabajadores cada vez más explotados y oprimidos y toca a una juventud cada vez más comprometida sacar con todas sus fuerzas el impulso y la imaginación requeridas para forjar el frente revolucionario que marque el paso de la verdadera reconstrucción del país: democrática, igualitaria, independiente, feminista, internacionalista, en suma socialista.

 

El escenario para las campañas electorales de 2018 cambia sustancialmente ante las dimensiones de estos hechos. La campaña presidencial será la continuación del poder corrupto, represivo y vendepatria de los partidos “registrados”; será otro ciclo sexenal tradicional para que todo vuelva a ser lo mismo, salvaguardando al sistema capitalista. A ese poder corrupto, la masiva fuerza popular que se avecina debe oponerle un poder renovador, insurgente, libertario, democrático e independiente que reconstruya un nuevo México dentro de pautas anticapitalistas, socialistas. Los acontecimientos presentes anuncian un cambio en las tareas rumbo a 2018. Será muy difícil convencer a la población de que el cambio puede venir con un voto arrojado a las urnas un día y después retirarse a sus casas a esperar lo que venga –algo que iría contra la corriente masiva cada vez más poderosa. La participación en elecciones controladas por el INE no tiene ninguna perspectiva de éxito para la causa de la emancipación popular. En 2018 hay que enfrentar al poder de la burguesía y su gobierno con el poder libertario e independiente de la auto-organización, de la independencia proletaria y de las perspectivas internacionalistas. La fuerza electoral del Consejo Nacional Indígena apoyada por el EZLN que se concentra en la candidata mujer indígena Marichuy no puede eludir esta situación. Es de esperarse que sabrá adaptarse a las nuevas condiciones que señalan a las fuerzas revolucionarias sus tareas de creación de un nuevo poder independiente alternativo al de la burguesía. El tiempo corre aceleradamente y las definiciones no pueden tardar más.

 

La estrategia de las fuerzas y grupos democráticos y socialistas debe ser la de agruparse en un frente de acción que potencie su capacidad crítica en foros y proyectos conjuntos –incluidos los organizativos. Sus dimensiones reducidas están compensadas con sus actividades independientes y sin mancha de corrupción y violencia y tienen el enorme potencial que representa su reivindicación de un verdadero programa de ruptura, revolucionario, feminista, medioambientalista  e internacionalista que puede comenzar a materializarse con la convocatoria de un CONSEJO NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN que agrupe a todas las fuerzas, corrientes, sindicatos, organizaciones que se mantienen independientes y con la vocación firme de forjar la transformación radical de México, su transformación socialista, única alternativa que permitirá que nuestro pueblo trabajador y todos los sectores explotados y oprimidos del país dejen de precipitarse sin remedio por el abismo de violencia, corrupción, miseria y devastación al que el régimen capitalista vigente nos está arrojando.

 

Mientras tanto, el 26 de septiembre, los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, acompañados por los estudiantes de la misma y por miles de ciudadanos capitalinos, realizaron la marcha que desde hace tres años realizan todos los días 26 del mes en distintas ciudades de México. Los padres se identificaron con las víctimas de los terremotos en todo el país y convocaron a todos los habitantes de México a no bajar la guardia y seguir sin tregua en la lucha por justicia y dignidad.

 

Crédito de imagen:  Marco Verch vía Flickr.


Manuel Aguilar Mora es dirigente de la Liga de Unidad Socialista.

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