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La guerra contra el narco: la solución es el problema – 30-30
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La guerra contra el narco: la solución es el problema

Tomás Holguín

La guerra contra el narco: la solución es el problema

Por Tomás Holguín

La “guerra contra el narco” fue lanzada oficialmente el 11 de diciembre de 2006, la cual consiste aún, en el uso de elementos del ejército y la marina en el supuesto combate al narcotráfico –violentando la Constitución.  Las actividades se realizan a través de operativos –conjuntos, les denominan–, donde los militares, marinos y la policía federal asumen el control y la operación de la seguridad pública de municipios y estados, es decir, se militarizan ciudades y estados de la república.

 

Esta política de la “guerra contra el narco” nos fue impuesta con la idea de que ella ayudaría a disminuir la violencia ocasionada por el narcotráfico, y que contribuiría a controlar el problema de consumo de drogas. Es decir, por medio de una política y estrategia de seguridad pública –militar– la población podría vivir más segura y tranquila, sin la violencia del narcotráfico, así como libre del peligro del consumo de drogas para algún ser querido, familiar, amigo o compañero –pues ya no habría oferta.

 

Es preciso mencionar que en esta estrategia se hizo de la imagen del narcotraficante un símil al del terrorista, un peligro para la nación, el enemigo público al cual todos deberían estar al pendiente y combatir con entrega y honor. Así, los militares muertos eran homenajeados y los ciudadanos asesinados juzgados a priori como narcotraficantes –criminalizados– o referidos como daños colaterales. Pero la guerra, la política y la estrategia quedaban justificados por el peligro que representaba para la sociedad el narcotraficante.

 

Dicho lo anterior, hace unos días fue publicada una investigación de la Universidad de Harvard reportando que los municipios con mayor intervención militar, lejos de pacificarse, registran un aumento de asesinatos. No se vuelven lugares más seguros.

 

En un contexto internacional, México se encuentra dentro de los países con un bajo nivel de consumo de drogas. Por ejemplo, en el 2010 se consideraba que 5% de la población adulta a nivel mundial consumió alguna droga ilícita por lo menos una vez, y México, para el 2008, reportó un índice de 1.6%. Este dato proviene de la última encuesta nacional sobre adicciones en México, realizada en el 2011 –a 5 años de la aplicación de la “guerra contra el narco”–, la cual reportó un crecimiento en el consumo de drogas alguna vez en la vida del 2008 al 2011. Este incremento es explicado en términos de distintos factores demográficos, sociales, económicos y culturales que protegen o vulneran a los individuos en relación al consumo. Vaya pues, no todo depende de la política de seguridad pública; el consumo de drogas es un problema complejo y multifactorial.

 

Por una parte, a nivel mundial, México no se encuentra entre los países con un alto consumo de drogas; pero por el otro, a nivel nacional hubo un incremento en el consumo de drogas, la cual no disminuyó – su oferta– a pesar de la “guerra contra el narco”. También sabemos que el negocio del narcotráfico no ha desaparecido a pesar de la captura de algunos capos –gerentes de empresa–, sino que más bien se ha reestructurado toda una rama de la economía nacional –la tercera en importancia, después del petróleo y el turismo– emulando una especie de reforma estructural neoliberal del narcotráfico.

 

¿Cómo nos explicamos pues la permanencia de la “guerra contra el narco” con militares en las calles asumiendo funciones que no les corresponden? En muchos sentidos, la solución se ha convertido en el problema. Después de un tiempo de uso, cuando un intento de solución no resuelve un problema, aquel se convierte en parte del problema -más de lo mismo-, manteniéndolo en un patrón circular vicioso: más violencia, más militarización, lo cual produce aún más violencia, y por lo tanto se requiere más militarización, recursivamente. En ese juego perverso nos quieren mantener…

 

Pero si esto es así, si la estrategia de seguridad pública de “guerra contra el narco” más que solucionar el problema lo complica, ¿a quién le conviene mantenerla?, ¿quién sale beneficiado de ella? Alguien debe salir beneficiado para que se decida mantenerla; alguna ganancia debe de existir en ello.

 

El Gobierno federal –ahora de Enrique Peña Nieto– ha decidido mantenerla, y alguna tajada ha de obtener del enfoque actual. Al principio se trataba de legitimar al gobierno espurio de Calderón y distraer a la población en un fantasma para introducir las reformas neoliberales. Ahora se tiene a una población atemorizada, asustada ante la barbarie de asesinatos, desaparecidos y torturados; un control social a través del terror directo y de la doctrina del shock. Hace unos días en mi ciudad, Reynosa, Tamaulipas, una locutora de radio difundía el mensaje de que evitáramos salir a la calle en determinados horarios. Más aún: tenemos un semáforo de la violencia que nos avisa si debemos salir o no a las calles.

 

La pobreza –un gran problema social, pues 55.3 millones de mexicanos viven en esta condición– se ha decidido afrontar matando pobres; para eso sí ha sido efectiva la “guerra contra el narco”. Los jóvenes sin escolaridad, o con bajos niveles de escolarización, y pobres, son las principales víctimas mortales de la violencia del narcotráfico; a esto se le ha llamado juvenicidio.

 

Pero si nuestro gobierno es pro-empresarial, representante de los intereses de la clase burguesa -demostrado con la aplicación de las reformas neoliberales-, es obvio que los otros ganones de todo esto son los empresarios, los grandes empresarios. Datos del INEGI reportan que en entidades que registran altos niveles de violencia e inseguridad, como Guerrero y Tamaulipas, el crecimiento económico ha llegado a triplicar el promedio nacional.

 

En estos estados tenemos una mezcla de un Estado de derecho debilitado, parlamentarismo, militarización, capitalismo monopolista y esclavismo.

 

¿Y quiénes son los afectados de esta guerra? Ya lo dije, nosotras/os, los pobres. Quien pone los muertos y las muertas es el pueblo pobre de México. Las y los trabajadores precarios y los excluidos del sistema económico formal. Con miedo, tristeza, duelos, sentimientos de impotencia y rabia.

 

Las y los trabajadores debemos denunciar estas tropelías de nuestros gobernantes y exigir su destitución. Debemos convertir ese miedo en odio de clase; esa rabia que nos dignifica y con la cual decimos que nosotras/os no somos iguales a ellos; no permitir más abusos y vejaciones. Debemos denunciar, luchar y organizar, reunirnos con otras víctimas, en nuestros barrios, en los lugares de trabajo y en las escuelas.

 

Un ejemplo de solución real al problema de la violencia del narco ya se nos ha presentado en México, mostrando ser muy efectivo. Se llaman policías comunitarias y autodefensas. Milicias de trabajadores, campesinos, comerciantes y profesionistas, asumiendo la seguridad y la justicia democráticamente. Ellas disminuyeron la criminalidad vinculada al narcotráfico y la corrupción del gobierno en más del 90% en sus comunidades. Nosotras/os no necesariamente tenemos que armarnos –aunque nunca deberíamos dejar de lado por completo esa opción. A lo mejor ahorita –según el contexto– no se requiere; pero sí debemos hacer como esas milicias: organizarnos para luchar por nuestras vidas.

 

Crédito de foto: Ángel Pacheco.


Tomás Holguín es militante del Partido Obrero Socialista.

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