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La “flexibilidad laboral” ante la pandemia – 30-30
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La “flexibilidad laboral” ante la pandemia

Ricardo Valencia

La “flexibilidad laboral” ante la pandemia

 

Ricardo Valencia

 

La flexibilidad laboral en México no es una novedad, es un fenómeno que se ha venido desarrollando desde los años 80 del siglo pasado, y que retoma gran fuerza en estos momentos. Con las reformas calderonistas y la reforma en el 2019 a la Ley Federal del Trabajo, esta tendencia desreguladora se impone en la legislación nacional y en la realidad laboral. Este peculiar régimen de explotación laboral se agudizará so pretexto de la pandemia, pues nuevas formas de trabajo y contratación se han improvisado a raíz de las condiciones implantadas por el distanciamiento social.

 

Durante mucho tiempo la desregulación del trabajo en México vivió sin tener un fundamento legal, existía solo bajo la protección explotadora de los patrones que ven en el derecho tutelar del trabajo una contraposición directa a su derecho de propiedad y explotación. Las manifestaciones más claras de la flexibilidad laboral han sido la subcontratación, la intensificación del trabajo (el aumento de la jornada), incumplimiento patronal del pago de las prestaciones y el incumplimiento de las responsabilidades patronales de seguridad social.

 

 Lo que se busca con esta flexibilidad es generar menores gastos en mano de obra hacia la empresa, es decir, la reducción de los costos de operación, en claro detrimento de los derechos y condiciones de los trabajadores. El objetivo de la patronal es tener obreros a costo cero, que trabajen solo por un salario a medias, sin aguinaldo ni vacaciones, ya ni hablar de un reparto de utilidades o la afiliación al seguro Social, lo cual genera la obtención de ganancias libres de gravámenes laborales, sin contar con los fiscales. Este régimen de explotación se ha hecho de facto, pues sigue siendo ilegal el no pago de las prestaciones mínimas a los trabajadores, lo cual parece no ser un gran impedimento para la patronal, y se ha materializado en la legislación laboral a través de implantar los contratos a prueba, por capacitación inicial y la subcontratación. 

 

Esta desregulación laboral ha sido una de las demandas más sentidas por la patronal nacional pero también por organismos internacionales injerencistas como la OCDE y el Banco Mundial, que ven en el derecho mexicano, que partía del reconocimiento de la desigual relación entre el trabajador y el patrón y de su perspectiva protectora a la parte vulnerable, como una barrera que no permite el desarrollo de la libre empresa en México. La llamada desregulación no es otra cosa que la eliminación de cualquier obstáculo que los gobiernos impongan a la libre actividad de los entes económicos, cuya finalidad es desatar la fuerzas del libre mercado. Esta tendencia solo ha servido para demostrar la sujeción de los gobiernos mexicanos al capital extranjero y a las transnacionales, pues para la realidad de millones de trabajadores no ha significado más que la obtención de trabajos precarios, lo cual tienen por consecuencia el empobrecimiento de la clase trabajadora y una merma en sus condiciones de vida.

 

 Ahora bien, las nuevas condiciones de salubridad en el entorno laboral parecen favorecer, aún más, la tendencia a la desprotección laboral, la flexibilidad ha sido una de las propuestas más innovadoras por la burguesía para abaratar la mano de obra mexicana. Hacen pasar propuestas como el teletrabajo y la intensificación de la subcontratación como necesidades imperiosas para mantener con salud a los trabajadores de ciertos ramos, discurso promovido por la Secretaria del Trabajo, por una parte, y por otra como una medidas indispensables para continuar costeables la producción y operación, pero los mayores beneficios de estos nuevos esquemas son para los dueños de las empresas. La tendencia cada vez más extendida hacia la uberización de las relaciones laborales que eliminan al trabajador y lo convierten en un prestador de servicios profesionales, pauperizará aún más los ingresos de miles de familias. Este prototipo de relación laboral erradica todos los derechos laborales, borra incluso el pago del salario mínimo, son trabajadores sin patrón aparente, sin prestaciones de ningún tipo ni responsabilidad patronal ante cualquier imprevisto o siniestro que sufra el trabajador.

 

El sector público no escapa de la desregulación laboral, pues cada dependencia de gobierno mantiene un gran número de personas que en los hechos ejecutan funciones de un trabajador de base pero que mantienen como prestadores de servicios profesionales. Las recientes políticas de una austeridad a raja tabla en el sector salud, como en otros, sin vínculo aparente con la eficiencia del poder público genera que una de las demandas más sonadas del sector médico en lucha sea la basificación de todo el personal irregular. Miles de profesionales de la salud se están enfrentando a la pandemia sin contar con un contrato de trabajo, menos aún con seguridad social, lo cual les genera una situación de incertidumbre y precariedad que no puede justificarse con el “combate a la corrupción”.

 

Con la “Jornada de Sana Distancia” el gobierno decretó que los patrones no debían modificar las relaciones laborales, que no debería haber despidos y que todos los trabajadores tenían el derecho de pasar este periodo en resguardo domiciliario voluntario con goce de sueldo. Cuando se les cuestionó en las conferencias matutinas qué es lo que pasaría en caso contrario, es decir, en caso de que la patronal despidiera trabajadores o violara de alguna forma los derechos de los trabajadores, el Jefe del Ejecutivo en un acto de pretendida “buena fe” declaró que no habría sanciones, ya que según él no se darían esos supuestos pues la burguesía es “solidaria”, en cambió prometió créditos con tasas bajas de interés a la patronal que compruebe haber acatado el decreto sanitario. Tales declaraciones parecieron ser el banderazo que esperaba la patronal para iniciar los despidos masivos, la desafiliación sin motivo al IMSS, la reducción de salarios, los paros técnicos injustificados, imponer vacaciones “voluntarias”, así como el no pago de muchas otras prestaciones. Todo este ambiente parece generar las condiciones tan esperadas por la burguesía para adecuar el derecho laboral a la acumulación de capital sin restricciones tutelares, la reforma en materia de impartición de justicia laboral es la prueba que no deja duda sobre ello.

 

Ante este panorama los trabajadores debemos de impulsar modificaciones a la Ley Laboral que protejan a la parte vulnerable de la relación laboral, que son los trabajadores. Pero intentar reestablecer el viejo derecho laboral sería un contrasentido, debe de buscarse reformas que se adapten a la realidad laboral sin perder de vista el carácter tutelar y político del derecho laboral. Debemos de organizarnos democráticamente en sindicatos independientes, y formar alternativas políticas que representen los verdaderos intereses, inmediatos e históricos, de la clase trabajadora.

 

No debemos olvidar el grito de “los obreros movemos a México”, no debemos olvidar que toda la riqueza  existente en nuestra sociedad ha sido producida por las y los trabajadores, luchemos juntos contra las políticas antiobreras de la burguesía, luchemos juntos por una sociedad sin explotación.

 

Imagen: Obrero grita “Los obreros movemos México” desde transporte público y su grito se viraliza en redes.


Ricardo Valencia es estudiante de derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco y militante del Partido Obrero Socialista