Top
El fracaso de AMLO en seguridad y la alternativa socialista – 30-30
fade
6143
post-template-default,single,single-post,postid-6143,single-format-standard,eltd-core-1.0,flow-ver-1.2,,eltd-smooth-page-transitions,ajax,eltd-grid-1480,eltd-blog-installed,page-template-blog-standard,eltd-header-type2,eltd-sticky-header-on-scroll-down-up,eltd-default-mobile-header,eltd-sticky-up-mobile-header,eltd-dropdown-default

El fracaso de AMLO en seguridad y la alternativa socialista

Cuauhtémoc Ruiz

El fracaso de AMLO en seguridad y la alternativa socialista

Cuauhtémoc Ruiz


La estrategia de López Obrador en materia de seguridad ha encallado y rápidamente se hunde. El ofrecimiento que hizo a los narcos de no perseguirlos por suponer que ellos a cambio se abstendrían de ser violentos fracasó trágicamente en Sonora-Chihuahua en la cobarde matanza contra la familia LeBarón. La política de dar abrazos y no balazos a los delincuentes ya sólo es motivo de sorna, incluso más allá de las fronteras. Aquí expondremos esquemáticamente otra estrategia de seguridad, la de los socialistas.


AMLO presentó su plan de seguridad como diferente al de los expresidentes Calderón y Peña Nieto, que supuestamente comandaron una guerra contra los narcos (a lo mucho, contra alguno de los cárteles). En realidad no es así, porque AMLO y sus antecesores son prohibicionistas; es decir, han basado su política contra las drogas en prohibirlas, lo que ha fracasado en todos los países. Son  fracciones burguesas las que insisten en esta política porque favorece sus intereses. El prohibicionismo es la doctrina y práctica de la lumpen burguesía y de algunas castas políticas porque el precio de las drogas se eleva exponencialmente por el riesgo de que los productores de enervantes y traficantes sean encarcelados. El costo de producir un kilo de mariguana es tan barato como producir una lechuga, pero al estar prohibido su precio se eleva considerablemente. Apropiarse de esa enorme utilidad es la base de la violencia entre los delincuentes, que luchan a muerte por el control de los mercados, es decir, de los clientes o compradores de drogas. Pero en la hipótesis de que un kilo de mariguana tuviese el mismo precio en el mercado que uno de brócoli, entonces ya no habría ganancia al vender drogas. Ni la disputa por su venta sería motivo
de ejecuciones y muertes.


Así llegamos a la base de una política eficaz contra el narcotráfico, su violencia y su efecto corruptor sobre el Estado y la sociedad: es imperiosa la legalización de las drogas. Debe fabricarlas una empresa del Estado que las venda a precios de costo a los que las soliciten con el solo requisito de registrarse en un padrón de consumidores (de manera que con ello se evite que pudiesen comprarlas personas que intenten venderlas fuera del país).


Por una sociedad libre de adicciones


Antes de lo anterior, deberá llevarse a cabo una prolongada, intensa,  amplia y permanente campaña entre la población con el fin de convencerla de que no deben consumir drogas (incluyendo alcohol en exceso). Para esta empresa deberá apelarse a los maestros, padres de familia, médicos, organizaciones de vecinos y voluntarios. Además de la prevención, el Estado debe invertir los recursos necesarios a fin de instalar clínicas y centros para tratar a los adictos y farmacodependientes. En la actualidad, es insignificante lo que el Estado destina a este rubro.


Campesinos que puedan cultivar alimentos


Los campesinos involucrados en el cultivo de drogas serán amnistiados, se les exhortará a producir alimentos por los cuales el Estado pagará precios de garantía para garantizar que el producto de su trabajo les da lo suficiente para vivir con decoro.


Los capos o jefes de narcotraficantes serán perseguidos y encarcelados, y sus fortunas serán confiscadas. El Estado perseguirá a lavadores de dinero y a todos aquellos que introducen al circuito financiero los recursos provenientes del tráfico de enervantes.


El Estado pondrá especial celo en la localización de personas desaparecidas por causa del narcotráfico y en la persecución de autores intelectuales y materiales de ejecuciones. Las conclusiones de sus investigaciones serán hechas públicas.


Una sociedad vigilante y armada


La legalización de las drogas reduciría sustancialmente los asesinatos, desapariciones y otros delitos derivados del trasiego de estupefacientes, pero sería ingenuo suponer que terminaría con todas las manifestaciones delincuenciales. Si la sociedad desea acabar con la mayoría de delitos deberá ser participativa. Vale aquí la recomendación que hizo el ruso Vladimir Ilich Lenin a sus compatriotas en 1917, luego de que derrocaran al zar. Cada persona adulta y sana -dijo- debe participar sin cobrar al menos una vez cada 15 días en grupos de vecinos o de trabajadores que vigilen y patrullen calles y centros de trabajo.


Una variante de lo anterior o complementario son las policías civiles o comunitarias (en algunos lugares llamadas autodefensas), electas democráticamente, cuya experiencia en Guerrero mostró que conseguían una reducción sustancial de los delitos.


No ignoramos que en ocasiones, sobre todo al comenzarse este proceso de autoorganización de los vecinos, los trabajadores y los campesinos, subsistan grupos delincuenciales con armamento de alto poder. Para estos casos, que tenderían a decrecer, el Estado creará un cuerpo de élite (es decir, compuesto sólo por algunos cientos de elementos) con entrenamiento militar altamente especializado en enfrentar situaciones de gran peligro que contaría con los vehículos y recursos para trasladarse rápidamente. Los miembros de este cuerpo serían voluntarios que devengarían un alto sueldo, prestaciones y seguro de vida.


Lo anterior implica la desaparición en México de las policías municipales, estatales y federal, así como de la Guardia Nacional y del mismo Ejército. Estos son más grupos represivos de la protesta social y de los pobres.


Los socialistas rechazamos la ideología del presidente que supone que las personas se hacen delincuentes por falta de empleo y buenos salarios. La experiencia de todos los mexicanos todos los días es que todas las clases y capas sociales pueden ser atraídos a la delincuencia. Si López Obrador tuviese razón, la mayoría de narcos estarían en las entidades más pobres de México, Chiapas y Oaxaca, entre otras. Pero es en las entidades del norte, que tienen los más altos índices de Progreso Social, en las que están asentados los principales bastiones de los capos.


Es urgente una radical redistribución de la riqueza ahora como cuando nuestro país no era azotado por el flagelo del narco.


Crédito de imagen: Trending Topics 2019 vía Flickr.


Cuauhtémoc Ruiz es dirigente del Partido Obrero Socialista.