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De cómo el gobierno le “parte en la madre” a las evaluaciones para excluir a los normalistas – 30-30
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De cómo el gobierno le “parte en la madre” a las evaluaciones para excluir a los normalistas

Juan Magariño

De cómo el gobierno le “parte en la madre” a las evaluaciones para excluir a los normalistas

Juan Magariño

A parte de su verdadero objetivo –el de echar a la calle a miles de profesores en servicio a través de un examen punitivo–, la contrarreforma educativa se propone también dejar sin ninguna oportunidad a cientos de estudiantes normalistas. Esos que año con año egresan de una escuela formadora de docentes. Sabré demostrar que, por la preparación que reciben, los normalistas son los más aptos para estar frente a grupo y ejercer la docencia.

 

El examen para el ingreso al servicio profesional docente no sólo pone en duda la formación que el estudiante adquiere durante cuatro años, sino que tampoco considera el examen profesional que éste realiza para su obtener su título como Licenciado en Educación. Es bastante raro, por decir lo menos, que los normalistas no sean los más aventajados en los exámenes de la reforma educativa. El estado es al mismo tiempo, quien educa a los normalistas y luego es quien busca reprobarlos con la reforma. Algo está mal. Hay un abandono de la educación normal o un examen mal elaborado. O las dos cosas…

 

Peor aún, si el normalista aprueba el examen, esto no garantiza que obtenga un espacio de trabajo, pues las convocatorias para el ingreso al servicio profesional docente ofrecen determinado número de plazas. Es decir, ser calificado como “idóneo” no basta para la SEP. Así lo hemos discutido en artículos anteriores de esta revista electrónica: “En la actual convocatoria (2016) del concurso de oposición para el ingreso al SPD, en Oaxaca, solamente se ofertan 7 plazas para primaria y 5 para preescolar, no habrá maestros de educación física en el nivel primaria, sólo se ofrecen 60 horas para secundaria. Lo peor de todo es que las compañeras de educación especial, están exentas de cualquier probabilidad de obtener un trabajo con este examen.”

 

Sin embargo, este mecanismo ha tenido un revés en el estado de Chiapas, donde los normalistas y el magisterio han logrado descalabrar hasta el punto de casi dejar en la lona a la reforma educativa, puesto que las secciones 7 y 40 llegaron a un acuerdo con el gobierno el cual puntualiza la no aplicación de las modificaciones a los artículos 3° y 73 constitucional. Además, se alcanzaron una serie de acuerdos entre el gremio y la parte gubernamental, entre los que se encuentra un nuevo mecanismo para el ingreso al servicio profesional docente. Este punto es lo que más nos concierne a los normalistas, porque podría convertirse en un referente.

 

Textualmente, el acuerdo queda de la siguiente manera. Se les propuso a la CNTE que “para los normalistas y UPN 2016, presentarán examen el 25 de octubre del 2016, previa capacitación y para aquellos que no aprueben seguir preparándose, dándoles una beca de 7 mil pesos mensuales hasta aprobar el examen, garantizando su plaza base para todos.” Aunque quizá se pueda decir que esta es “una salida falsa” a la demanda principal que reivindican los normalistas (la de las plazas automáticas), la realidad es menos simple. Al contrario, este acuerdo alcanzado en Chiapas significa un revés para la contrarreforma.

 

Al igual que en el 2013 –cuando las arduas movilizaciones que desquiciaron a la CDMX lograron que los legisladores hicieran cambios de último momento a la iniciativa de ley–, lo que se presenta ahora en Chiapas con los normalistas es un avance para el movimiento magisterial. Veamos por qué.

 

Como mencionábamos en líneas anteriores, la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) dispone que para “poder estar frente a grupo” es necesario que todos los aspirantes realicen un examen. Aquí el primer problema que aparece es que dicho proceso está abierto para cualquiera que cuente con una licenciatura afín a la educación, ya sea privada o pública. (Olvidemos por un momento que la preparación profesional en una escuela normal y/o UPN es específica para aplicar las mejores estrategias pedagógicas en un determinado área o nivel educativo, algo que no evalúa el examen de la LGSPD.) Bueno, pues en el acuerdo chiapaneco se especifica que las nuevas plazas sólo serán para estas dos escuelas formadoras de docentes. En resumen, la LGSPD ha quedado invalidada en la práctica, gracias a la lucha.

 

Otro punto se refiere a que a la nueva ley NO LE INTERESA SI ERES IDÓNEO O NO, debido a que existe un limitado número de espacios que se otorgan en cada convocatoria y, por ende, no todos los que hayan aprobado acceden a una plaza base. Veamos un ejemplo: En nuestro estado (Oaxaca) egresan anualmente alrededor de 950 estudiantes de las normales. Si todos se presentasen al examen mediante el régimen de la contrarreforma y, digamos, 800 resultaran “idóneos”, no todos tendrían trabajo –en la convocatoria pasada sólo se ofertaron alrededor de 70 vacantes. Ni la décima parte de los “idóneos” tendría trabajo. Sin embargo, el “ofrecimiento” que se hizo a los normalistas del estado vecino fue contratar a TODOS los que logren aprobar el examen, con lo que el gobierno da un paso atrás en su intención de excluir a cientos o miles de normalistas.

 

Algo que es sumamente relevante es que la LGSPD, dicta que, en el caso de alcanzar alguna vacante, ésta sólo será por un corto periodo de seis meses y posteriormente el aspirante será sometido a otros filtros que obstaculizarán y atentarán contra la obtención de la plaza base, por tanto, no existe garantía alguna ni acumulación de antigüedad. Caso contrario es lo que se plantea en el acuerdo, donde se garantiza la basificación.

 

Por si fuera poco, el acuerdo en Chiapas garantiza la obtención de la plaza base para todos, ¡incluso si no logran pasar el examen! Estos últimos obtendrán una beca con un salario mensual casi similar al sueldo base de un maestro promedio para que se capaciten hasta resultar ser idóneos en el examen de ingreso.

 

Parafraseando a un columnista de El Universal, el gobierno también le “partió la madre” a la LGSPD en cuanto al ingreso. Con lo aquí discutido basta para darnos cuenta del enorme retroceso que tuvo la burguesía en sus planes de negarles el derecho a un trabajo digno a los estudiantes.

 

Tampoco estoy diciendo que el normalismo se ha llevado una victoria total, pero sí se lleva un avance significativo. La demanda principal debe seguir siendo: contratación y basificación automática de todos y todas las egresados normalistas. Y rechazo a esa “evaluación” –que ni siquiera debería ser nombrada de esa manera, puesto que la evaluación es un proceso mucho más complejo que un simple examen. Los normalistas nos formamos por cuatro años para estar frente a grupo y al finalizar también nos sometemos a un examen profesional que nos avala como aptos para ejercer la profesión. Pero claro, eso a la contrarreforma no le importa en lo más mínimo.

 

Crédito de foto: IEEPCO vía Flickr.


Juan Magariño es estudiante del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO) y militante del Partido Obrero Socialista.

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